LA DICTADURA MILITAR

 

Inicio del Proceso

Por Alexis Rojas y Leonardo Renna / El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso, como "órgano supremo del Estado", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (Ejército, Marina y Aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación).

También se dispuso que el mando directo del país quedara en manos de un "presidente", con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla.

Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.

Finalmente la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas.

 

La guerra sucia

Durante el Proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos.

El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura militar que, inclusive, hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos desaparecidos que han retornado a la vida pública como la Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos que, no obstante, han sido probadas en las cortes nacionales e internacionales. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.

Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta diciembre de 2009 ha encontrado a 100 nietos secuestrados por la dictadura.

 

 

Encarnizamiento contra las minorías

Dentro del ideario ideológico del Proceso, heredero en muchos aspectos del nazismo, el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible. Esta búsqueda de homogeneidad de la sociedad dejaba al costado las minorías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (judíos, descendientes de los pueblos originarios, etc.) su orientación sexual y su identidad de género (homosexuales, lesbianas, transexuales, etc.) o sus creencias religiosas (Ateos, Testigos de Jehová, etc.).

Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exclusiva (como es el caso del Comando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexuales). En el caso de las víctimas judías, el antisemitismo sistemático llevado a cabo en los distintos centros clandestinos de detención fue un hecho constatado ya desde el informe Nunca Más y por posteriores investigaciones y trabajos. Los Testigos de Jehová fueron discriminados durante el servicio militar de sus fieles, no permitiendo la práctica común llevada a cabo con otros credos religiosos de permitir a sus autoridades el exceptuarse, y obligando a todos a hacer cuatro años de servicio (tres más que el resto de los ciudadanos) siendo, además, sometidos a torturas y asesinatos. Los descendientes de amerindios vieron cómo las Villa miseria eran arrasadas por los distintos planes de erradicación, sobre todo en el marco de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978.

 

El plan económico 

El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado básicamente por José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981. Martínez de Hoz siguió los, en ese momento, nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (genéricamente incluida en el concepto de neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973. Con posterioridad esa orientación económica se volvería hegemónica en el mundo occidental, a partir de las reformas económicas del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos ("reaganomics") y la primer ministro Margaret Thatcher, en Gran Bretaña. Lo acompañaron en el equipo económico, empresarios y abogados estrechamente relacionados con los grupos más conservadores, como Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz (presidente del Banco Central), Juan Alemann, Cristian Zimmermann, Enrique Folcini, Jorge Zorreguieta y Francisco Soldati.

El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explícito detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresa de incrementar la competitividad de la economía Argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria.  El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable, partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983, con un pico del 6% en mayo de 1982.

 

En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió dos obras del pedagogo brasileño Paulo Freire: La educación como práctica de la libertad (editorial Siglo XXI) y Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia.